Ortega tiene en la mira a más de 1,700 ONG, las que señala de vulnerables al financiamiento del «terrorismo» y promete monitoreo

Nicaragua.- Un total de 1,797 organizaciones sin fines de lucro (OSFL) nicaragüenses son consideradas por el régimen de Daniel Ortega como “vulnerables al financiamiento al terrorismo (FT)”, según un reporte que el Gobierno presentó ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), correspondiente a información del 2019.

De estas, 208 son consideradas por la dictadura como entidades de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo; 581 tienen riesgo moderado para esa actividad ilícita y otras 1,008 con riesgo bajo, según el reporte el IV Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, que realizó el Gafilat y que presentó en enero de 2020.

Es decir que del total, al menos 789 son clasificadas por la dictadura como de alto riesgo a moderado para esa práctica ilícita. En Nicaragua, la dictadura asocia el terrorismo con protestas sociales contra su régimen desde el 2018. “Al respecto, Nicaragua prevé un monitoreo intensificado para los subconjuntos de mayor riesgo”, le dijo el Gobierno al Gafilat, que trabaja en las regulaciones internacionales con las actividades ilícitas.

En el reporte la dictadura dice que realizó un análisis de las OSFL registradas al 30 de septiembre de 2019 (cuyo número no especifica), en el que identificó un grupo de 1,797 de estas organizaciones que podrían ser vulnerables en cuanto al financiamiento del terrorismo (FT).

Es decir que la guerra del régimen contra estas organizaciones no ha tocado fondo todavía, pues todo indica que aún las mantiene en su radar para desacreditarlas, quitarles su personería jurídica, confiscarles sus bienes y activos, entre otras. Desde que el orteguismo presentó dicho reporte, un poco más de 80 organizaciones han perdido su personería jurídica.

“Este conjunto de OSFL fue identificado a través de una metodología que incluye criterios relativos a: los tipos de OSFL, OSFL activas o inactivas, monto de las donaciones recibidas, origen o destino de las donaciones, entre otros”, se lee en el documento.

En los últimos años, Ortega se ha empeñado en emprender una serie de acciones para desacreditar y cancelar a las distintas OSFL que operan en el país, mismas que suelen generar empleos fijos y beneficios a la población en riesgo. Bajo la excusa de que han recibido financiamiento del exterior para promover actos de terrorismo a nivel interno, ha ordenado decapitarlas en la Asamblea Nacional.

La cacería de estas se intensificó luego de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2020, la cual buscaba controlar las operaciones financieras y actividades que realizan las organizaciones y asociaciones.

Pero, esta es una práctica que se ha venido ejecutando desde finales del 2018. De hecho, desde ese año hasta la fecha, ya son más de 70 las OSFL a las que les ha arrebatado su personería jurídica.

La más reciente cancelación se llevaron a cabo este 2 y 3 de febrero, cuando la Asamblea Nacional —mediante un decreto— les quitó la personería a más de 20 asociaciones y fundaciones, entre ellas universidades.

“Al cerrar todas esas ONG, el primer impacto es que están dejando sin trabajo a un montón de personas y afectará a sus familias. Además, todas esas organizaciones tenían proyectos sociales en los campos, generalmente en la zona rural, así que van a afectar también a la población que se beneficiaba de esos proyectos”, compartió un economista a este Diario en agosto del año pasado.

“Pareciera que vivimos en un paraiso para financiadores al terrorismo”

Una fuente especialista en temas de prevención de lavado de activos compartió durante una sesión sobre dicho tema que se desconoce el mecanismo por el cual Ortega identificó la existencia de 1,700 OSFL vulnerables al financiamiento al terrorismo.

“¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron esos sistemas de monitoreo y seguimiento? No lo sabemos, pero con las recientes acciones que hemos visto, creo que la decisión no fue ni siquiera crear mecanismos idóneos, sino el cierre de las organizaciones. Con estas afirmaciones pareciera que aquí vivimos un paraíso para los financiadores al terrorismo”, sostuvo la especialista, quien pidió no ser citada por temor a represalias.

Al respecto, el documento indica que el Estado aplicó un enfoque basado en riesgo, que es la recomendación número 1 del GAFI. En el informe también se da a conocer que el Gobierno haría un monitoreo muy cercano para atacar esa alta vulnerabilidad que tienen las OSFL, en especial las de riesgo alto.

“Los países tienen que hacer evaluaciones de riesgo con cierta temporalidad, para detectar cuáles son las mayores amenazas y vulnerabilidades que hay en materia de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas”, agregó la fuente experta.

Pero, dentro de las 40 recomendaciones del Gafilat, ¿existe algún parámetro que establezca cómo un Gobierno puede determinar cuándo una OSFL es propensa al riesgo de ser utilizada para el financiamiento al terrorismo?

La especialista indicó que dentro de la recomendación número 8, en la nota interpretativa, la entidad brinda algunos indicios acerca de cómo las organizaciones podrían estar vinculadas, pero no establece parámetros, “por ejemplo, que las organizaciones son propensas si reciben montos mayores a tal cantidad, no, no dice eso”.

La recomendación 8 da algunos elementos, aunque no de manera puntual. Sin embargo, sí establece que, por ejemplo, un punto de partida para que los países puedan determinarlo en sus evaluaciones de riesgo es establecer metodologías que sean realistas y que tomen en cuenta los riesgos de envíos de fondos.

“Un parámetro puede ser si los fondos provienen de países con alta propensión a actividades de terrorismo o de financiamiento al terrorismo, entonces la recomendación 1 del GAFI habla de evaluaciones de riesgo, hay diferentes tipos que se deben de hacer a nivel nacional, deben decir cómo se hicieron y cuál es la metodología que se empleó. Pero, en el caso de Nicaragua no sabemos de dónde se sacaron esas cifras, deben ser basadas en su criterio político”, afirmó.

Amenazas en Nicaragua

La fuente encontró “otra cereza en el pastel” en el Informe de la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo País, de mayo de 2021. En detalle, en dicho documento se señala que desde 2017 en adelante, aparecen algunas amenazas y riesgos —de carácter nacional e internacional— en financiamiento al terrorismo en Nicaragua.

Al respecto, el régimen de Ortega ve como amenaza que las organizaciones sin fines de lucro reciban donaciones enviadas del exterior a OSFL (nacionales, internacionales y mixtas), las que pueden ser desviadas en parte o totalmente para financiar acciones de grupos terroristas domésticos.

También le inquieta que haya personas naturales y jurídicas nacionales e internacionales que estén inscritas en el país con alguna actividad económica distinta de OSFL y que podrían recibir donaciones provenientes de otros países para financiar agrupaciones terroristas domésticas.

La fuente también indicó que la experiencia de ver a las ONG como un canal de riesgo para el financiamiento al terrorismo no solamente ocurre en Nicaragua, sino que también a nivel regional hay experiencias similares, especialmente donde hay gobiernos con rasgos autoritarios.

“En el caso de El Salvador se ha hablado de que algunas organizaciones se han puesto en alerta y alarma en relación a que se les podría estar vinculando, al igual que a los medios de comunicación, a estos tipos de delitos, y en el caso de Venezuela, también se ha tipificado algunas organizaciones con estos rangos”, ejemplificó.

A su criterio esta situación debería crear alarma en los organismos internacionales, como el Gafilat y el GAFI, “pero lamentablemente, estos hacen evaluaciones de legalidad. ¿Qué significa? Por ejemplo, observan si en los países existe o no la norma (requerida para combatir las actividades ilícitas), y así estos (los países) van ganando o perdiendo puntos, pero no ven cómo se implementa, si la norma viola los derechos de personas naturales y jurídicas y si realmente tiene una implementación efectiva”.

Por qué el gobierno utilizó el delito de lavado para criminalizar a las OSFL?

En Nicaragua, los especialistas han advertido que las regulaciones internacionales se están utilizando para criminalizar, especialmente a opositores nicaragüenses, periodistas y organizaciones sin fines de lucro.

La especialista se muestra sorprendida que solo en Nicaragua se intente tildar a las organizaciones sin fines de lucro a actividades como lavado de dinero, cuando a nivel internacional estas realmente no están en el foco de los gobiernos sino otras entidades y actividades económicas.

Recuerda que el lavado de activos es un proceso de encubrir el origen de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, como el narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, etcétera. Tiene como objetivo, hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas aparezca como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el Sistema Financiero.

Lo peor, menciona, es que la aprobación de recientes leyes, que han criminalizado, procesado e imputado a organizaciones, ha tenido un fuerte impacto en el sistema de prevención de lavado. “Al criminalizar a personas inocentes por estos tipos de delitos y no perseguir a realmente a la criminalidad organizada en el país, sumado a la manipulación del sistema, estamos restando credibilidad al sistema de prevención, y esto desde luego causa un perjuicio enorme a la lucha contra el lavado”, sostuvo la fuente.

“También está generando que todos los sujetos que son obligados, me refiero a todos los que tienen o manejan actividades no financieras, como negocios, casas de empeño, casinos, etcétera, o aquellos profesionales como los abogados y notarios públicos y los contadores públicos, se sientan intimidados dentro del sistema de prevención”, lamentó.

Para la especialista, al criminalizar a personas y organizaciones por este delito, el Gobierno tiene cuatro objetivos, siendo el primero el hecho de que calificar a las OSFL como lavadoras tiene un impacto mediático y busca restar la credibilidad y confianza que tienen a nivel nacional o internacional.

También hay un impacto legal, que genera la aplicación de medidas precautelares y cautelares, que son medidas severas, como romper el sigilo bancario, el congelamiento de cuentas, la presión preventiva, tomar las propiedades y todo tipo de bienes, etcétera.

Qué dicen las regulaciones internacionales?

Pero, ¿qué establecen las regulaciones internacionales sobre las OSFL en materia de prevención de lavado de activos?

La especialista explicó que la recomendación 8 del GAFI dice que únicamente las organizaciones se deben de regular cuando estén bajo riesgo de financiamiento al terrorismo, no habla que se deben regular las que son vinculadas al lavado de activos.

La entidad les recomienda a los países que deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las OSFL, que han identificado como vulnerables para el FT. “En caso de que se lograra determinar esto, los países deben establecer medidas focalizadas en línea con el enfoque basado en riesgo, a las OSFL para protegerlas del abuso para el FT. No habla de medidas represivas o criminalizadoras”, aclaró.

Supuestas leyes transgredidas por las OSFL

En los informes del Migob, que señalan cuáles son las leyes transgredidas por las organizaciones que han sido cerradas recientemente, se observa que las están acusando por una conjugación de delitos, no solo uno, pero básicamente están concentrado en tres elementos.

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Qué sabemos de los procesos de investigación?

Lo más interesante —plantea la especialista— es que pese a que el gobierno de Ortega ha señalado a decenas de organizaciones sin fines de lucro de cometer lavado de activos, hasta ahora: “¿Qué sabemos sobre los procesos de investigación en contra de las personas que eran parte de estas organizaciones?”

“No es que quiera que comiencen a iniciar procesos en contra de organizaciones, pero se supone que quienes manejan esas entidades son personas, y las imputaciones también deben de ser a los responsables, quienes tienen la toma de decisiones, entonces, ¿qué sabemos de los procesos de investigación? Nada, salvo algunos casos en concreto como el de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, recordó.

A su criterio, esto querría decir que al señalar que las organizaciones transgredieron la Ley 977, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, el Gobierno tenía objetivos muy claros: “Primero justificar la cancelación de las personerías jurídicas, y con ello impedir el funcionamiento total o parcial de las organizaciones”.

“También justificar la aplicación de medidas procedimentales, establecidas en la Ley 735, que es la ley contra el crimen organizado. Otro es decomisar los activos, propiedades y vehículos de las OSFL”, agregó.

Cuando las autoridades persiguen el lavado de activos siguen un proceso: prevención, investigación, detección, procesamiento y condena a las personas.

“Al parecer en muchos de los casos, el Estado se ha conformado con llegar hasta cierta parte, lo que justificaría que realmente no hay un real combate a lo que ellos han declarado, sino que es una medida justificatoria para criminalizar y tratar de impedir el rol de las organizaciones”, precisó.

Al respecto, lamentó que “hemos tenido una muy débil y controversial institucionalidad en materia de combate de lavado, y tenemos como la cabeza de estas instituciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es una de las instituciones más criticadas, dada la politización que tiene y el control que hay dentro de la organización, especialmente teniendo un mando militar”.

Agregó que “imaginándonos un mundo paralelo, de que las organizaciones hayan estado por años siendo lavadoras, cómo no fueron detectadas por los órganos de fiscalización cuando a todas luces, aún antes de la aprobación y la vigencia de la ley 977, que se dio en junio de 2018, ya había mecanismos de regulación. ¿Entonces qué rol jugaba el Migob como regulador?, es decir, ¿fueron ciegos, sordos y mudos cuando acá teníamos un nido completo de organizaciones que se encargaban de lavar?”

“Ese cuestionamiento pone entre la duda el rol del Estado en relación al combate de la criminalidad organizada y nos da más pruebas para decir ´bueno, realmente esta es una criminalización que tiene tintes políticos´”, concluyó.

Publicado por La Prensa, enlace de origen: https://www.laprensani.com/2022/02/07/economia/2947460-ortega-tiene-en-la-mira-a-mas-de-1700-ong-las-que-senala-de-vulnerables-al-financiamiento-del-terrorismo-y-promete-monitoreo