Consolidar el sistema antilavado como compromiso internacional

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 14 de enero de 2022

Argentina.- A propósito de la publicación de la Resolución 5125 de la AFIP nos gustaría reflexionar sobre los alcances de esa norma y su impacto en el sistema nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nuestro país ha asumido responsabilidades internacionales en el marco de su participación como miembro G20.

En materia antilavado de activos y financiación del terrorismo, Argentina es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) desde sus inicios.

En 2012 se produjeron importantes cambios en las cuarenta recomendaciones del GAFI, introduciendo como delito precedente a los ilícitos tributarios.

Esa incorporación dio por finalizado un añejo debate sobre los alcances de los sistemas nacionales de prevención y la orientación focalizada en los activos originados por la comisión de delitos graves como narcotráfico, contrabando y extorsión, entre otros.

Se ha dicho, no sin razón, que esa incorporación ha sido prohijada por las crisis financieras y fiscales de los países centrales en 2008 y 2009.

Las nuevas cuarenta recomendaciones también han brindado a los países la posibilidad de realizar sus análisis y evaluaciones de riesgo, con sustento en el denominado enfoque basado en riesgos.

Esa herramienta (correctamente aplicada) permite a los Estados orientar sus esfuerzos y los del sector privado (en su rol de colaboradores) en los aspectos propios de su realidad social, sustentando esas políticas públicas en datos relevantes como son las estadísticas criminales o la información de indicadores económicos y financieros.

Hacia el 2011 la Unidad de Información Financiera realizó una estimación preliminar de los factores de riesgo y, anticipándose a la culminación del debate sobre los ilícitos tributarios como delitos precedentes del lavado de activos, reconoció a la evasión fiscal como una problemática en nuestro país con impacto en el sistema de prevención.

Si bien esta cuestión es propia de todos los países, no es un hallazgo poner de resalto que las actividades no formalizadas tienen un mayor desarrollo en las naciones no centrales, con peculiar énfasis en las economías latinoamericanas.

De esos trabajos surgieron los requisitos para los sujetos obligados de contar, a efectos de conformar el perfil transaccional de sus clientes, con información y documentación referida a la a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria.

Por aquellos años no quedaban dudas respecto de las atribuciones de los sujetos obligados para solicitar las declaraciones juradas tributarias de sus clientes.

Sin embargo, en 2016, en oportunidad de la entrada en vigor de la ley 27.260 (que promovía la exteriorización de activos no declarados fiscalmente), tanto la AFIP como UIF de manera acompasada cercenaron aquella atribución bajo el argumento de una presunta vulneración a las disposiciones del secreto fiscal.

En consecuencia, los sujetos obligados debían (resalto el imperativo) abstenerse de requerir a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales, contrariando incluso la jurisprudencia vigente.

En primer lugar, es necesario decir que desde 1932, año de sanción de la ley 11.683, de Procedimiento Fiscal, el organismo tributario no había necesitado efectuar una interpretación del secreto fiscal como la plasmada en la Resolución 3952.

En segundo término, lejos de afianzar el sistema antilavado de activos, las normativas en cuestión aparentan desconocer las responsabilidades internacionales a las que nos hemos referido, debilitándolo.

Por último, la sinrazón de esas modificaciones se hace bastante más evidente cuando se aprecia el marco normativo de 2011 que había permitido a Argentina regularizar su posición ante el GAFI, saliendo de la mal llamada lista gris de países con deficiencias estratégicas en la materia.

Afortunadamente, la actual conducción de la AFIP, a través de la Resolución 5125, ha devuelto al asunto un mayor de grado sensatez, manteniendo el principio del secreto fiscal conforme con los lineamientos jurisprudenciales en tanto este “es un derecho que se le acuerda al contribuyente y no se le puede impedir que haga uso de esa renuncia en defensa de sus propios derechos”.

Para finalizar, tanto los funcionarios públicos como el personal de las entidades financieras, cambiarias, bursátiles, de seguros y de los demás sujetos obligados se encuentran alcanzados por el deber de secreto previsto en el artículo 22 de la ley 25.246, que establece penas de prisión para quienes vulneren esos deberes.

Esa normativa también se encuentra en línea con los estándares internacionales, más precisamente con lo establecido en la Recomendación 21 del GAFI.

En síntesis, con la modificación que plasma la Resolución 5125 se retoma el buen sendero que no se debía haber abandonado, siendo un refuerzo trascendente del sistema antilavado de activos de cara a los desafíos que conlleva la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional.

*Mg. en Derecho Administrativo y Administración Pública (UBA), Evaluador Experto de GAFILAT, Subgerente General de Cumplimiento y Control del BCRA

Publicado originalmente por BAE Negocios, enlace de origen: https://www.baenegocios.com/columnistas/Consolidar-el-sistema-antilavado-como-compromiso-internacional-20220111-0143.html


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